 |
El Alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil García y ha
sido contundente al respecto del proyecto de la Junta de Andalucía, del Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Dice que se trata de una agresión
frontal a los intereses del municipio tarifeño, a su desarrollo económico, y al
desarrollo y el bienestar de su población, una afrenta directa a todos los
parados tarifeños que tienen su esperanza en el desarrollo sostenible de este
municipio.
Gil García dice también que Tarifa,
en contra de otros municipios vecinos como Conil, “ha llegado tarde al desarrollo y no ha podido crear los servicios e
infraestructuras hoteleras que necesitamos, no hemos traducido en puestos de
trabajo nuestro destino turístico, otros municipios apoyan ahora una protección
que llega cuando ya tienen todo el desarrollo que necesitan. Si a eso le
sumamos ahora el radicalismo desmedido del gobierno de la Junta de Andalucía,
nos encontramos con un agravio discriminatorio evidente que pone en riesgo el futuro de la población”,
añade hoy el primer edil tarifeño.
El gobierno local ha anunciado con
claridad que se agotarán todos los recursos legales, todas las vías
administrativas y todos los cauces políticos para oponerse a un documento que
no contiene alternativa alguna para Tarifa. El Plan del Litoral que se
proyecta prohíbe frontalmente edificar
en cinco de los planes parciales calificado del municipio, desclasificando de
facto Planes Parciales ya aprobados en Tarifa, como es el caso del SL1
Valdevaqueros o el SL3 Los Lances. Esto
supone una escalada sin precedentes en la intervención unilateral de la
administración, que supone una responsabilidad patrimonial económica evidente
que se tendrá que pagar, pero que este documento no aborda y dice en su memoria
económica que no es competente para ello, por lo que quiere imponer al
ayuntamiento la obligatoriedad de desclasificar e indemnizar a los
propietarios, en una actuación propia de la Venezuela de chaves. Gil
García destacaba que Tarifa quedará sin
desarrollo, sin recursos, sin ingresos y “además,
teniendo que asumir la indemnización de cara a aquellos que apostaron por
Tarifa y por sus recursos medioambientales y paisajísticos aplicados de forma
sostenible y de cara a un interesante desarrollo turístico”.
La Junta utiliza una arbitraria
definición de unidades fisiográficas para ampliar mucho más allá de los
quinientos metros la protección del litoral que ahora llega hasta donde ellos
estimen pertinente, sin limitación ni reglas estipuladas y comprensibles, solo
limitado por su criterio arbitrario. Una radicalización que deja sin solución y
que no aborda núcleos de vital importancia como El Lentiscal de Bolonia. El
nuevo Plan no ofrece salida a los habitantes originales de un enclavado como El
Lentiscal que necesita regularizarse.
El Alcalde entiende que hasta la
fecha, Tarifa podía apostar por un desarrollo sostenible del litoral en una
línea de trabajo que ha sido perseguida por los intereses políticos de la Junta
de Andalucía, que a raíz de la constitución del gobierno PSOE-IU ha tomado una
deriva radical incomprensible que pretende imponer a los municipio andaluces el
programa del socio minoritario del gobierno autonómico.
Gil García señala directamente al
consejero Luis Planas y habla de persecución política al proyecto de
Valdevaqueros. Sostiene el primer edil tarifeño que el Plan Litoral comienza a
gestarse “cuando la coalición de izquierdas,
radicalizada, del gobierno Andaluz impone a su socio mayoritario del PSOE que
se desdiga de su aprobación de este legítimo plan tarifeño”. En un claro
ejemplo de desviación de poder que bien podría incurrir en prevaricación de sus
responsables, ya que utilizan ahora una norma posterior para abortar un acto administrativo
firme, legítimo y necesario para el desarrollo del municipio tarifeño. Tampoco
se entiende en el gobierno local la actitud del consejero Planas, que anuncia
su retirada en breve, “queriéndose
marchar haciendo un daño sustancial a la economía de una ciudad que se sustenta
en el turismo sostenible”.
Además este proyecto rompe el
principio de confianza legítima en la administración y la seguridad jurídica de
las empresas en Andalucía, empresas que huirán de esta comunidad al saber que
no se puede invertir en esta comunidad sin correr el peligro de sufrir este
tipo de medidas chavistas de expropiación directa de los derechos de los
particulares o empresas condenándonos a permanecer en el subdesarrollo y la
crisis permanente. Para pagar las culpas de todos los que se han desarrollado y
ahora disfrutan de empleo y bienestar social, la Junta elige purgar a Tarifa de
todas las posibilidades de desarrollo y además que paguemos nosotros el coste
de su agresión.
El Ayuntamiento de Tarifa y su
alcalde a la cabeza iniciaran todo tipo de contactos y acciones que sean
necesarias para evitar el mayor atropello que nunca nadie intentó contra un
municipio andaluz, discriminado históricamente y ahora avasallado por conseguir
el apoyo político que necesitan para seguir perpetuados en el poder de la
comunidad.
