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| Miguel Manella y la exconsejal Paola Moreno también implicada en el caso junto a otros concejales de la anterior corporación Socialista |
La Fiscalía pide para el exalcalde Miguel Manella (PSOE) dos años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación por prevaricación. Para los empresarios, reclaman inhabilitación y multas.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras ha ordenado la apertura de juicio oral por la vía Penal para analizar el caso Santa Catalina contra el exalcalde de Tarifa Miguel Manella (PSOE), nueve exconcejales del municipio y los tres empresarios promotores del proyecto urbanístico en este enclave (Antonio Santamaría, Frank George Klapp y Antonio Blázquez).
En total, los trece acusados serán juzgados por la comisión de supuestos delitos de prevaricación (simple, continuada o urbanística) para los que la Fiscalía reclama penas que suman -en el caso del anterior alcalde socialista- hasta veinte años de inhabilitación y dos de prisión, según consta en el auto que ordena la celebración de la vista y al que ha tenido acceso Europa Sur.
Además, el juez designa en el auto como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal y requiere la imposición de una fianza de 3.240 euros para cada uno de los tres empresarios. En el escrito también constan las peticiones que la acusación particular llevará al juicio; igualmente solicita la imposición de condenas de inhabilitación -aunque inferiores- pero no de cárcel.
La Fiscalía considera que los entonces representantes municipales (el caso arranca en 2004) como de la empresa Centro Tarifa Santa Catalina incurrieron en la comisión de hasta seis supuestos ilícitos de prevaricación por decisiones como la adjudicación del espacio público a la empresa o la concesión de varias licencias urbanísticas. En su escrito de acusación, el fiscal estima que en la mayoría de estos actos administrativos medió la connivencia e incluso pactos secretos previos entre los representantes políticos y empresariales. Por lo tanto, pide la nulidad de todas las licencias, resoluciones y adjudicaciones adoptadas desde la institución municipal.
Miguel Manella es el representante político (hoy inactivo) para el que el Ministerio Público reclama las penas más altas: diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación simple; otros diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística, así como dos años de prisión. Manella era alcalde cuando se aprobaron todos los trámites que analiza la Justicia.
Para los entonces dueños y administradores solidarios de la entidad Centro Tarifa Santa Catalina -Santamaría, Klapp y Bláz-quez- las condenas propuestas por la Fiscalía en su escrito de acusación ascienden a ocho años de inhabilitación especial por prevaricación simple y otros ocho años de inhabilitación por prevaricación urbanística; más una multa de 18 meses a razón de 6 euros diarios y la consideración como responsables penales subsidiarios.
Los otros nueve antiguos representantes políticos que se sentarán en el banquillo serán Bartolomé Iglesias, Juana Garrido, Paola Moreno, Ana María Sánchez, Antonio Álvarez, Jesús Mota, Javier Mohedano, Antonio Escribano y José Antonio Pinto.
En estos casos, la Fiscalía estima que con sus votaciones a lo largo de los diferentes trámites municipales incurrieron en supuestos delitos de prevaricación (simple o urbanística) por lo que reclama la imposición de penas de inhabilitación en una horquilla de 9 a 19 años (según los casos) y de prisión que van desde un año y ocho meses a los dos años (también según el supuesto grado de participación de cada uno de ellos).
La acusación particular, ejercitada por Juan Andrés Gil (el actual alcalde) y la Asociación tarifeña para la defensa del patrimonio cultural Mellaria, solicita para los antiguos concejales penas de inhabilitación de ocho a diez años con la salvedad de José Antonio Pinto, para el que no consta solicitud alguna. En el caso de los empresarios, la acusación particular pide inhabilitación que, por acumulación, llega hasta 18 años.
El escrito de acusación de la Fiscalía realiza una prolija descripción de los acontecimientos que arranca en el 6 de abril del año 2004, cuando el Pleno municipal acordó sacar a concurso de ideas la utilización de carácter social, cultural y recreativa del Castillo de Santa Catalina. "Lo que se acordó inicialmente era un concurso de ideas. Sin embargo, lo que luego se sacó a concurso fue no sólo un concurso de ideas, sino un concurso de ideas y posterior adjudicación del Castillo de Santa Catalina y sus inmediaciones", relata el fiscal. Algo que para el Ministerio Público "escondía el propósito real que se estaba buscando, celebrar un contrato público eludiendo todas las previsiones legales establecidas".
El fiscal prosigue su relato en la jornada del 29 de noviembre de 2004, cuando la mesa de contratación especial en la que participaron Miguel Manella y los exconcejales Juana Garrido, Paola Moreno, Antonio Escribano y Javier Mohedano votaron a favor de la concesión del aprovechamiento del castillo a la empresa Tarifa Secreto del Sur (luego la mercantil cambió de nombre). El fiscal estima que fue una "farsa" porque no hubo valoración ni dato que la avalara, sino un plan "previamente concebido con los también acusados miembros de la empresa".
El relato del Fiscal avanza en diversos trámites llevados a cabo durante los años 2005 y 2006 que llega a calificar como escandalosos y que buscaban favorecer a Centro Tarifa Santa Catalina con "obsesión". "Todos estos hechos obedecían a un propósito común al que habían llegado de consumo todos los acusados, que los diez primeros -los políticos- adjudicaran aprovechando su mayoría política en el Ayuntamiento un aprovechamiento notoriamente lucrativo a los tres últimos (los empresarios), sin que se haya podido acreditar la existencia de una contraprestación por ello", concluye la Fiscalía.
En total, los trece acusados serán juzgados por la comisión de supuestos delitos de prevaricación (simple, continuada o urbanística) para los que la Fiscalía reclama penas que suman -en el caso del anterior alcalde socialista- hasta veinte años de inhabilitación y dos de prisión, según consta en el auto que ordena la celebración de la vista y al que ha tenido acceso Europa Sur.
Además, el juez designa en el auto como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal y requiere la imposición de una fianza de 3.240 euros para cada uno de los tres empresarios. En el escrito también constan las peticiones que la acusación particular llevará al juicio; igualmente solicita la imposición de condenas de inhabilitación -aunque inferiores- pero no de cárcel.
La Fiscalía considera que los entonces representantes municipales (el caso arranca en 2004) como de la empresa Centro Tarifa Santa Catalina incurrieron en la comisión de hasta seis supuestos ilícitos de prevaricación por decisiones como la adjudicación del espacio público a la empresa o la concesión de varias licencias urbanísticas. En su escrito de acusación, el fiscal estima que en la mayoría de estos actos administrativos medió la connivencia e incluso pactos secretos previos entre los representantes políticos y empresariales. Por lo tanto, pide la nulidad de todas las licencias, resoluciones y adjudicaciones adoptadas desde la institución municipal.
Miguel Manella es el representante político (hoy inactivo) para el que el Ministerio Público reclama las penas más altas: diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación simple; otros diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística, así como dos años de prisión. Manella era alcalde cuando se aprobaron todos los trámites que analiza la Justicia.
Para los entonces dueños y administradores solidarios de la entidad Centro Tarifa Santa Catalina -Santamaría, Klapp y Bláz-quez- las condenas propuestas por la Fiscalía en su escrito de acusación ascienden a ocho años de inhabilitación especial por prevaricación simple y otros ocho años de inhabilitación por prevaricación urbanística; más una multa de 18 meses a razón de 6 euros diarios y la consideración como responsables penales subsidiarios.
Los otros nueve antiguos representantes políticos que se sentarán en el banquillo serán Bartolomé Iglesias, Juana Garrido, Paola Moreno, Ana María Sánchez, Antonio Álvarez, Jesús Mota, Javier Mohedano, Antonio Escribano y José Antonio Pinto.
En estos casos, la Fiscalía estima que con sus votaciones a lo largo de los diferentes trámites municipales incurrieron en supuestos delitos de prevaricación (simple o urbanística) por lo que reclama la imposición de penas de inhabilitación en una horquilla de 9 a 19 años (según los casos) y de prisión que van desde un año y ocho meses a los dos años (también según el supuesto grado de participación de cada uno de ellos).
La acusación particular, ejercitada por Juan Andrés Gil (el actual alcalde) y la Asociación tarifeña para la defensa del patrimonio cultural Mellaria, solicita para los antiguos concejales penas de inhabilitación de ocho a diez años con la salvedad de José Antonio Pinto, para el que no consta solicitud alguna. En el caso de los empresarios, la acusación particular pide inhabilitación que, por acumulación, llega hasta 18 años.
El escrito de acusación de la Fiscalía realiza una prolija descripción de los acontecimientos que arranca en el 6 de abril del año 2004, cuando el Pleno municipal acordó sacar a concurso de ideas la utilización de carácter social, cultural y recreativa del Castillo de Santa Catalina. "Lo que se acordó inicialmente era un concurso de ideas. Sin embargo, lo que luego se sacó a concurso fue no sólo un concurso de ideas, sino un concurso de ideas y posterior adjudicación del Castillo de Santa Catalina y sus inmediaciones", relata el fiscal. Algo que para el Ministerio Público "escondía el propósito real que se estaba buscando, celebrar un contrato público eludiendo todas las previsiones legales establecidas".
El fiscal prosigue su relato en la jornada del 29 de noviembre de 2004, cuando la mesa de contratación especial en la que participaron Miguel Manella y los exconcejales Juana Garrido, Paola Moreno, Antonio Escribano y Javier Mohedano votaron a favor de la concesión del aprovechamiento del castillo a la empresa Tarifa Secreto del Sur (luego la mercantil cambió de nombre). El fiscal estima que fue una "farsa" porque no hubo valoración ni dato que la avalara, sino un plan "previamente concebido con los también acusados miembros de la empresa".
El relato del Fiscal avanza en diversos trámites llevados a cabo durante los años 2005 y 2006 que llega a calificar como escandalosos y que buscaban favorecer a Centro Tarifa Santa Catalina con "obsesión". "Todos estos hechos obedecían a un propósito común al que habían llegado de consumo todos los acusados, que los diez primeros -los políticos- adjudicaran aprovechando su mayoría política en el Ayuntamiento un aprovechamiento notoriamente lucrativo a los tres últimos (los empresarios), sin que se haya podido acreditar la existencia de una contraprestación por ello", concluye la Fiscalía.
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